Zacatecas: las listas con datos médicos de periodistas

Personal de logística y seguridad del gobierno de Zacatecas habría usado carpetas con folio oficial “SSP/08092026” para impedir el acceso al V Informe de Gobierno de David Monreal a periodistas y activistas críticos, unos documentos que, según reportes de varios comunicadores, incluían domicilios, placas de vehículos y notas médicas no públicas de las personas señaladas

Lo esencial

• Salieron a la luz las presuntas listas durante la cobertura del V Informe de Gobierno del gobernador David Monreal Ávila, el 8 de septiembre de 2026, cuando personal estatal las habría usado para filtrar el acceso al evento.
• Contenían las fichas, de acuerdo con los reportes recabados, fotografías de domicilios, teléfonos, placas de vehículos y anotaciones sobre presuntos diagnósticos de salud mental de las personas catalogadas como críticas.
• Documentó Zacatecas una inversión acumulada de 17,000 millones de pesos en seguridad pública durante el sexenio de Monreal, sin que exista, hasta ahora, una partida pública identificable para actividades de perfilamiento de periodistas.

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor difundió las fichas, y la comunicadora zacatecana Verónica Trujillo confirmó públicamente que su nombre aparecía en ellas, catalogada con una etiqueta política sin sustento verificable (“financiada por el PRIAN”). Julieta del Río Venegas, excomisionada del entonces Instituto Nacional de Transparencia, exigió que se investigue el caso. Al cierre de esta nota, el gobierno de Zacatecas, encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, no había ofrecido una respuesta oficial sobre el origen ni el uso de estos documentos.

¿Qué información específica contenían las fichas, según lo documentado?

Más de lo que normalmente reúne un padrón de acreditación de prensa. Según los reportes de distintos comunicadores presentes en el informe, los documentos —titulados “Activistas y periodistas” y “Posibles conflictos sociales y políticos”— incluían identificación física y ubicación (fotografías de rostro y de domicilios, números de teléfono, direcciones exactas y datos de vehículos particulares), además de notas sobre presuntos diagnósticos de salud mental, un tipo de dato considerado sensible bajo la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que exige consentimiento explícito para su recolección. También se documentó un apartado de “acuerdos”, donde se habría registrado cómo la administración buscaba, según los reportes, contener la crítica de cada persona: desde apoyos económicos y despensa para mascotas hasta la contratación de familiares en dependencias públicas. En otros casos, la anotación era más directa: “sin acuerdo, no se busca arreglo”.

¿Qué tiene que ver el presupuesto de seguridad de Zacatecas con este caso?

La escala del presupuesto no prueba, por sí sola, que se haya usado dinero público para elaborar estas fichas, pero sí ofrece el contexto en el que una operación de este tipo podría pasar inadvertida. El Consejo Estatal de Seguridad Pública aprobó, en diciembre de 2025, un paquete de 692 millones de pesos para seguridad pública durante 2026, entre fondos federales de aportación y recursos municipales, y el propio gobierno estatal reporta una inversión acumulada de 17,000 millones de pesos en cinco años, dirigida —según sus propios comunicados— a infraestructura, tecnología y fortalecimiento de corporaciones policiales. Ninguna de estas cifras, hasta donde pudo confirmar esta redacción, incluye una partida pública desglosada para labores de inteligencia o perfilamiento de periodistas y activistas, lo que deja sin respuesta la pregunta más directa: si el apartado de “acuerdos” descrito en las fichas se tradujo en apoyos económicos reales entregados desde programas públicos, no hay, por ahora, manera de rastrear ese gasto dentro del presupuesto que el estado sí hace público.

El caso de las listas en Zacatecas, en cifras

Este caso ocurre semanas después de que la Secretaría de Gobernación presentara, a nivel federal, una lista de medios y periodistas críticos en la conferencia matutina, un episodio distinto en nivel de gobierno y en el tipo de información recopilada, pero que ya había generado alertas de organizaciones de libertad de prensa sobre el riesgo de que este tipo de listas se repitiera en otros niveles de gobierno. Lo documentado ahora en Zacatecas va más allá de esa controversia: no se trata de una lista de perfiles públicos difundida en una conferencia, sino de fichas con datos de ubicación física y salud que, de confirmarse su origen y uso, representarían una vulneración directa a la Ley General de Protección de Datos Personales.

Para periodistas y activistas que documenten este tipo de casos, la recomendación práctica es respaldar cualquier evidencia de un presunto uso indebido de datos personales con copias verificables de los documentos originales y presentar la denuncia correspondiente ante el organismo de protección de datos de su entidad, además de buscar acompañamiento de organizaciones especializadas como Artículo 19, antes de difundir públicamente su propio caso.