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El 95% de impunidad estructural convierte las leyes en papel mojado este 2026.
Por Atziri Rodríguez Martínez — Mtra. en Derecho, especialista en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Anticorrupción. Columnista de La Cuenta Pendiente en ApartadoMex.
El pasado 11 de mayo de 2026, la CIDH presentó en la Ciudad de México un informe demoledor que pone cifras al dolor: más de 128,000 víctimas. El documento confirma que las desapariciones forzadas de personas no son hechos aislados, sino un fenómeno estructural donde la colusión de agentes estatales con el crimen organizado es la norma, no la excepción. En mis años transitando los pasillos de la administración pública en Puebla, he visto cómo se crean protocolos con bombo y platillo mientras las familias siguen rascando la tierra con sus propias manos, financiando con sus ahorros lo que el Estado debería cubrir.
Cuando el Estado mexicano simula la creación de instituciones sin asignarles autonomía técnica ni recursos suficientes, la deuda no desaparece: se acumula como un pasivo social y financiero que erosiona la legitimidad de las instituciones. El costo de esta omisión se transfiere directamente al presupuesto público mediante indemnizaciones internacionales, reparaciones del daño tardías y una crisis forense que colapsa los servicios periciales del país.
El presupuesto como simulacro ante la tragedia nacional
La emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue un avance normativo histórico, nacido de la sentencia del Caso Radilla Pacheco. Sin embargo, en la práctica, las Comisiones de Búsqueda estatales han operado como apéndices políticos de las Secretarías de Gobernación. Durante mi experiencia en el ámbito jurídico-administrativo, quedó claro que un protocolo sin partida presupuestaria para viáticos, tecnología de geolocalización o personal especializado es, en realidad, una negligencia institucional programada.
La CIDH es contundente al señalar los desafíos que hoy, en 2026, siguen asfixiando la justicia:
- Falta de operatividad: Las comisiones dependen jerárquica y financieramente de entes políticos, limitando su capacidad de reacción inmediata.
- Crisis Forense: Más de 70,000 restos bajo custodia estatal sin identificar representan no solo una falla ética, sino un cuello de botella logístico para el Sistema Nacional de Búsqueda.
- Impunidad Infranqueable: La falta de hipótesis contextuales en las fiscalías impide que las investigaciones lleguen a las cadenas de mando.
Este desaseo institucional sobre las desapariciones, tiene un impacto directo en las finanzas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha comenzado a señalar subejercicios o, peor aún, gastos en “equipamiento” que nunca llega a las brigadas de búsqueda. El dinero se queda en la burocracia, mientras el costo de la inseguridad sigue mermando el PIB nacional.
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¿Por qué las desapariciones forzadas se consideran crímenes de lesa humanidad?
En el contexto mexicano, la calificación de crimen de lesa humanidad no es un exceso retórico. Bajo el Estatuto de Roma, las desapariciones se convierte en este tipo de crimen cuando es generalizada o sistemática. El informe de la CIDH aporta los elementos necesarios para esta lectura:
- Escala masiva: 128,000 casos distribuidos en todo el territorio.
- Aquiescencia: La “profunda connivencia” de policías y militares con grupos criminales.
- Sistematicidad: La repetición de patrones de impunidad que superan el 95% de los casos.
Para el ciudadano común, esto significa que el Estado no solo falla en protegerlo, sino que utiliza sus impuestos para sostener estructuras que, por acción u omisión, permiten que las personas se desvanezcan.
¿Qué pasa con el presupuesto de derechos humanos en México?
La visión corta sobre la capacitación y sensibilización en derechos humanos, hace que las personas servidoras públicas asimilen esto, como pérdida de tiempo. Además, el presupuesto asignado a derechos humanos suele ser el primero en sufrir recortes bajo el argumento de la austeridad. No obstante, la realidad financiera es distinta: lo que no se invierte en capacitación, prevención, investigación y búsqueda, se gasta en litigios y sanciones.
- El cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana implica pagos millonarios.
- La falta de certificación y control de confianza en cuerpos policiales genera una rotación de personal que cuesta millones al erario cada año.
- La atención a víctimas indirectas (huérfanos, familias desarticuladas) recae en las Comisiones de Atención a Víctimas, e incluso Sistemas DIF, que operan con presupuestos ya de por sí limitados.
La cuenta final y el precio de la indolencia institucional
La cuenta pendiente en materia de desaparecidos no se salda con más leyes, sino con autonomía real y recursos etiquetados que no puedan ser desviados a capricho de las Secretarías de Gobernación en turno. El costo para el ciudadano mexicano es la pérdida total de la paz pública y un gasto público ineficiente que privilegia la narrativa sobre la identificación de restos.
Como alguien que ha estado en las entrañas del sistema, mi postura es clara: mientras las Comisiones de Búsqueda sigan siendo oficinas de papel sin dientes presupuestales, el Estado seguirá siendo cómplice por omisión. La justicia no es un gasto, es la inversión más urgente para recuperar un país que se nos deshace entre los dedos.
| Dato | Valor | Fuente |
| Personas Desaparecidas (RNPDNO) | +128,000 | CIDH / SEGOB |
| Cuerpos no identificados | +70,000 | Sociedad Civil |
| Índice de Impunidad en Desaparición | >95% | CIDH 2026 |
| Puntos recomendatorios de la CIDH | 40 | Informe Mayo 2026 |
Revisa el portal de Transparencia Presupuestal, el gasto es de todos.
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