¿Cuánto le cuesta a una familia buscar a sus desaparecidos?

Detrás de cada carpeta de investigación que nadie mueve hay una razón, y casi siempre tiene un precio: esta es la historia de cómo la desaparición de más de 132,000 personas se ha convertido, dentro de las fiscalías mexicanas, en un negocio que se paga con presupuesto público y con el dinero que no tienen las familias que buscan.

• Las desapariciones en México funcionan como un negocio para malos servidores públicos que extorsionan a las familias de las víctimas.
• Las familias absorben con su propio dinero los costos de búsqueda que la ley obliga al Estado a cubrir.
• No investigar la colusión institucional deja pasivos millonarios en el presupuesto de egresos.

Por Atziri Rodríguez Martínez — Mtra. en Derecho, especialista en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Anticorrupción. Columnista de La Cuenta Pendiente en ApartadoMex. Última actualización: 7 de septiembre de 2026.

En México, las desapariciones ya no son solo una falla de la seguridad pública: en buena parte de las fiscalías se han convertido en un negocio. Expedientes que se quedan “congelados” hasta que alguien paga por agilizarlos. Copias que cuestan más de lo que deberían. Gasolina que termina saliendo del bolsillo de una madre para que un ministerio público se digne a salir a buscar. En México, esa inacción no es negligencia aislada: es un modelo del que alguien se beneficia.

Cuando el Estado no sanciona a los funcionarios que lucran con las desapariciones, la factura no desaparece. La paga el presupuesto público, en recomendaciones de la CNDH, en fideicomisos mal manejados y en programas de asistencia social que intentan poner una curita a lo que la impunidad rompió.

Cómo se monetiza la impunidad

El entramado que sostiene las desapariciones se alimenta de dos prácticas conocidas entre quienes conocemos de estos casos: cobrar por “descongelar” carpetas de investigación y alterar la cadena de custodia. Según Impunidad Cero, organización que mide este indicador en el país, el índice de impunidad en delitos de desaparición supera el 98%. Esa cifra no describe incapacidad técnica. Describe un modelo donde quien no paga, no avanza en la búsqueda de su familiar.

Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han documentado algo similar: duplicidad y subejercicio en los fondos destinados a las comisiones de búsqueda. Para las finanzas públicas, y para el bolsillo de cualquier familia, el resultado se resume así:

• Las familias terminan pagando transporte, herramientas y peritajes independientes, una responsabilidad que constitucionalmente le corresponde al Estado.
• Las demandas por la omisión de las fiscalías derivan en sentencias millonarias que se pagan con dinero del erario.
• Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se quedan sin ejercer, o se reasignan, por falta de proyectos forenses viables.

La complicidad oficial frente a las desapariciones no solo erosiona el presupuesto: también vacía la confianza en las instituciones que deberían procurar justicia.

¿Cuánto le cuesta a una familia mexicana buscar a un familiar desaparecido?

A una familia mexicana, buscar a un desaparecido puede costarle decenas de miles de pesos al mes: son gastos que la fiscalía debería cubrir y no cubre. Cuando un ministerio público pide dinero por debajo de la mesa para agilizar un registro telefónico o un peritaje, eso deja de ser negligencia. Es extorsión, y la pagan las familias con lo poco que tienen.

Ese costo no se queda en el presupuesto familiar. La Asistencia Social se ve obligada de manera subsidiaria y por ley, a atender a las víctimas directas e indirectas, al ser insuficiente la atención proporcionada por las Fiscalías, las Comisiones de Atención a Víctimas y del propio Poder Judicial. No nada más para las infancias que quedan en orfandad, sino para la atención psicoterapéutica y de otros apoyos asistenciales que cada día van creciendo, conforme crece la cifra de desaparecidos.

¿Qué pasa con el presupuesto público cuando las fiscalías ocultan la colusión?

Cuando una fiscalía local encubre la participación de policías en las desapariciones, el Estado paga después, y paga caro: indemnizaciones internacionales, reposición de procedimientos penales, juicios que se pudieron evitar desde el principio.

• Se destinan millones de pesos del presupuesto de egresos a defender investigaciones que ya nacieron viciadas.
• El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) suspende transferencias a los municipios cuyas corporaciones acumulan quejas graves por violaciones a derechos humanos.
• Los recursos de asistencia pública terminan atendiendo emergencias que se pudieron prevenir, en lugar de fortalecer la prevención del delito.

La cuenta, y quién paga el negocio de la impunidad

La cuenta que dejan las desapariciones en 2026 corresponde a un sistema penal que cobra por investigar y premia el silencio de los ministerios públicos. Ese modelo lo terminamos pagando todos: con nuestros impuestos y con una paz pública que ya ningún presupuesto alcanza a comprar.

Después de años dentro del servicio público, sostengo algo simple: las fiscalías necesitan auditorías independientes, tanto de su desempeño investigativo como de su manejo presupuestal. Mientras las desapariciones sigan siendo negocio para unos cuantos funcionarios, ningún presupuesto va a alcanzar y ninguna reforma legal va a garantizar el derecho a la verdad.

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