La Fiscalía General de la República acusa al exfiscal de Chihuahua de haber permitido que agentes extranjeros participaran sin autorización en un operativo antidrogas. En la causa estatal, un juez le permitió seguir el proceso en libertad. La pregunta de fondo es quién autoriza la presencia de fuerzas extranjeras en territorio mexicano.
En un vistazo
- La FGR acusa a César Jáuregui Moreno de hechos que podrían constituir traición a la patria.
- El delito se castiga con 5 a 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal.
- La Fiscalía de Chihuahua lo detuvo el sábado 17 por ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.
- En esa causa estatal, el juez le permitió seguir el proceso en libertad, con medidas cautelares.
- El caso nace de un operativo en abril en el que participaron dos estadounidenses, después identificados como agentes de la CIA.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, lo planteó así en un mensaje en video el sábado 17: el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno “habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria”. Para la FGR, Jáuregui “habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional” en tareas que la Constitución reserva a la Federación.
Godoy informó que un juez federal autorizó la orden de aprehensión después de más de 100 actos de investigación. Sostuvo que no había una carpeta de investigación abierta antes del operativo, que la fiscalía estatal no informó a tiempo a las autoridades federales y que, en cambio, sí informó a personas extranjeras. Para la FGR, eso violó el pacto federal.
El operativo de El Pinal
Los hechos ocurrieron entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, en el municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación, militares y dos estadounidenses desmantelaron un laboratorio de drogas sintéticas. En el trayecto de esa operación, un vehículo cayó a un barranco y murieron cuatro personas: dos agentes estatales y los dos estadounidenses, a quienes después se identificó como agentes de la CIA.
En un principio, la fiscalía estatal dijo que los extranjeros eran trabajadores de la embajada que daban adiestramiento. Jáuregui renunció al cargo el 27 de abril. La gobernadora María Eugenia Campos dijo el 14 de octubre que desconocía la participación de los estadounidenses y responsabilizó a Jáuregui y a otros funcionarios de actuar “por la libre”.
Dos causas, dos tribunales
Jáuregui enfrenta dos procesos. En el estatal, agentes de Chihuahua lo detuvieron el sábado 17 alrededor de las 10:20 horas en la capital del estado, por ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos. Tras una audiencia de más de 10 horas, el juez Luis Alberto Simental Ortega resolvió el domingo 18 que siga el proceso en libertad. Deberá entregar sus documentos migratorios, firmar cada mes y no acercarse a los testigos. La vinculación a proceso se decidirá el jueves 22, porque la defensa pidió duplicar el plazo.
El juez excluyó una declaración de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, porque la rindió como testigo sin asistencia legal. Zuany tiene orden de aprehensión estatal y no ha sido detenido.
En el federal, el de traición a la patria, no se ha informado públicamente de una audiencia ni de la situación jurídica de Jáuregui. Su abogado, Héctor Villasana, dijo que atenderán las dos órdenes.
La cuenta pendiente: el control de la cooperación extranjera
El caso trasciende a una persona. La FGR invoca la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, que reservan a la Federación las tareas de seguridad nacional y prohíben a los estados ceder funciones públicas a autoridades extranjeras. Si un operativo con agentes de otro país pudo ocurrir sin carpeta de investigación, sin aviso a la Federación y con una versión oficial inicial que después cambió, la falla es de controles, no solo de un funcionario.
Dos familias de agentes estatales perdieron a uno de los suyos en esa operación. Y una acusación con penas de 5 a 40 años de prisión se usa ahora para un caso de cooperación en seguridad. La presunción de inocencia aplica en ambos procesos, y ninguna de las dos fiscalías ha presentado todavía sus pruebas en un juicio.
Lo que está en juego De 5 a 40 años de prisión. Es la pena que prevé el artículo 123 del Código Penal Federal para la traición a la patria. La acusación no es una condena: falta que un juez federal la analice en audiencia y que se respete el debido proceso en las dos causas abiertas.
La primera cobertura sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua está en Maru Campos: el impacto de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, y los riesgos de las operaciones encubiertas para el país, en La CIA alerta al mercado: riesgos por operaciones encubiertas.
¿De qué acusa la FGR a César Jáuregui?
De hechos que podrían constituir traición a la patria, por haber permitido presuntamente que agentes extranjeros participaran sin autorización en un operativo en Chihuahua.
¿Qué pena tiene la traición a la patria?
El artículo 123 del Código Penal Federal prevé de 5 a 40 años de prisión y multa. La pena concreta depende de los hechos que se prueben.
¿Está en la cárcel?
En la causa estatal, el juez le permitió seguir el proceso en libertad con medidas cautelares. No se ha informado públicamente su situación en la causa federal.
¿Qué pasó en el operativo de abril?
Agentes estatales, militares y dos estadounidenses desmantelaron un laboratorio en El Pinal. Cuatro de ellos, dos agentes estatales y los dos estadounidenses, murieron al caer su vehículo a un barranco.
¿Qué sigue?
El jueves 22 de octubre un juez decidirá si lo vincula a proceso en la causa estatal. La audiencia federal no tiene fecha pública.
Actualizado: 18 de octubre de 2026, 23:00 h. Datos al corte: mensaje en video de la fiscal general Ernestina Godoy (17 oct.); detención y operativo de abril (17 y 18 oct.); audiencia estatal (18 oct.); postura de Maru Campos, entrevista con Latinus del 14 oct.; pena, artículo 123 del Código Penal Federal. Lo próximo: la audiencia de vinculación a proceso en la causa estatal, el jueves 22 de octubre a las 10:00 h, y la audiencia en la causa federal, sin fecha pública.