El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel llegó el 28 de septiembre a su domicilio en Ensenada, donde cumplirá arresto domiciliario apenas dos meses después de su detención por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada; la FGR aclaró que el cambio de régimen no detiene ni modifica el proceso penal en su contra
En un vistazo
- Ernesto Ruffo Appel, detenido el 16 de julio de 2026 y vinculado a proceso el 23 de julio de ese mismo año, dejó el penal del Altiplano el 28 de septiembre para cumplir prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California.
- Se le acusa de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, ligado a Ingemar, empresa que él mismo fundó y que presuntamente introdujo combustible desde refinerías de Texas declarando ante aduanas una fracción mínima de los volúmenes reales transportados.
- Su defensa, a cargo del abogado Arturo Germán Rangel, niega específicamente que Ruffo sea accionista mayoritario de Ingemar y precisa que su participación es de entre 39% y 40% del capital, además de negar que tuviera algún cargo operativo en la empresa.
La FGR salió el 27 de septiembre a precisar públicamente que el proceso penal contra Ruffo “ni se detiene ni cambia” por el nuevo régimen de reclusión.
¿De qué se acusa exactamente a Ernesto Ruffo, y qué dice su defensa?
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 junto con Ricardo Thompson Navarro, otro accionista de Ingemar, señalado bajo los mismos cargos. La fiscalía acusa a ambos de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, en un esquema en el que la red reportaba ante aduanas alrededor de 10,000 litros por carro tanque cuando en realidad transportaba hasta 110,000 litros, combustible que provenía de refinerías en Texas.
La investigación documenta 162 carros tanque y 4,238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025, con una evasión de IEPS e IVA que sumó más de 106 millones de pesos solo en una parte de los cargamentos, dentro de un daño total a la hacienda pública que la fiscalía calcula en más de 4,000 millones de pesos; las autoridades también detectaron movimientos por más de 3,075 millones de pesos a través de unas 80 cuentas bancarias y operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares. Por separado, un reportaje de La Jornada documentó el aseguramiento de 129 carros tanque y 15 millones de litros de hidrocarburo en abril de 2025, en patios ferroviarios de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila; esta nota no concilia esa cifra con las 162 unidades y 4,238 operaciones citadas por otra fuente para el periodo enero-julio 2025, al no encontrar una nota oficial que las reconcilie, y las presenta por separado.
La defensa de Ruffo, a cargo del abogado Arturo Germán Rangel, disputa un punto central de la acusación: niega que su cliente sea accionista mayoritario y precisa que su participación económica en Ingemar oscila entre 39% y 40% del capital; Rangel fue enfático, además, en que Ruffo “no tiene ni oficina en la empresa”, descartando cualquier función operativa o de dirección.
¿Por qué el juez concedió la prisión domiciliaria, y qué dice la FGR sobre el futuro del proceso?
En la audiencia del 25 de septiembre, la defensa presentó varios elementos para sustentar el cambio de medida cautelar: dictámenes médicos y forenses sobre el deterioro de salud de Ruffo, el señalamiento de que bajó alrededor de seis kilogramos en dos meses de reclusión por las condiciones de alimentación y descanso en el Altiplano, documentos que acreditan su arraigo en Ensenada —ciudad de la que fue presidente municipal entre 1986 y 1989, en una casa heredada de sus padres que habita desde hace más de 14 años— y testimoniales de familiares y vecinos. Con esos elementos, el juez le concedió la prisión domiciliaria; se trata de una modificación de la medida cautelar por razones humanitarias, de salud y de arraigo, no de una resolución sobre su culpabilidad o inocencia.
Consciente de que el cambio de régimen podría interpretarse como una señal de debilitamiento del caso, la FGR salió el 27 de septiembre a precisar públicamente que el proceso penal “ni se detiene ni cambia”: la investigación y el juicio continúan su curso normal, y la prisión domiciliaria solo modifica el lugar donde Ruffo permanece recluido mientras dura el proceso. Ruffo llegó el 28 de septiembre a su domicilio en Ensenada, donde cumplirá el arresto sin pasaporte ni visa y con vigilancia permanente de la Guardia Nacional. El caso permanece en etapa de proceso, sin fecha de sentencia conocida, y la disputa sobre el porcentaje real de participación accionaria de Ruffo en Ingemar —39-40% según su defensa, frente al señalamiento de la fiscalía que lo vincula como fundador de la empresa— será uno de los puntos que ambas partes seguirán litigando conforme avance el juicio.
El caso Ruffo, en cifras
El dato que mejor resume este caso no es el cambio de régimen de reclusión, sino que la disputa de fondo sigue sin resolverse: mientras la fiscalía construye su caso alrededor de la participación accionaria de Ruffo en Ingemar, su defensa impugna justo esa cifra, y ninguna de las dos versiones ha sido confirmada por un tercero independiente hasta el 28 de septiembre.
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¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?
El exgobernador de Baja California (1989-1995) y primer gobernador de oposición del PAN en la historia moderna de México, detenido desde julio de 2026 por presunto contrabando de hidrocarburos.
¿De qué se le acusa exactamente?
De contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, ligado a Ingemar, empresa que fundó y que presuntamente declaraba ante aduanas solo una fracción de los volúmenes reales de combustible importado desde Texas.
¿Es accionista mayoritario de Ingemar, como dice la fiscalía?
Su defensa lo niega: precisa que su participación es de entre 39% y 40% del capital, y que no tenía ningún cargo operativo en la empresa.
¿Por qué le concedieron la prisión domiciliaria?
Por dictámenes médicos, una pérdida de peso de alrededor de seis kilogramos en dos meses de reclusión, y su arraigo comprobado en Ensenada, donde fue presidente municipal.
¿La prisión domiciliaria significa que el caso se debilita?
No, según la FGR, que aclaró públicamente que el proceso penal no se detiene ni cambia por el nuevo régimen de reclusión.
Redactado por Julia Sarmiento para ApartadoMex, cobertura de seguridad y finanzas. Última actualización: 28 de septiembre de 2026.