DPRIS y COFEPRIS registran un alarmante incremento de sitios irregulares en 2026.
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Por Atziri Rodríguez Martínez — Mtra. en Derecho, especialista en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Anticorrupción. Columnista de La Cuenta Pendiente en ApartadoMex.
El caso de Blanca Adriana destapó en Puebla la cloaca de la impunidad sanitaria. Operar una liposucción sin licencia en un local de la Calzada Zavaleta, bajo el amparo de la simulación de una Clínica Detox, evidencia la peligrosa ausencia de fiscalización del Estado. Las lagunas regulatorias permiten que casas particulares se transformen en quirófanos letales, donde la vida se oferta con descuentos del 80% en redes sociales.
Cuando el Estado omite su deber de vigilar y clausurar estos giros, el costo no desaparece: se transfiere al presupuesto público en forma de tratamientos de terapia intensiva en hospitales generales y costosos procesos penales que saturan las fiscalías.
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El precio de la evasión: ¿Quién financia la negligencia médica?
El negocio de la belleza informal es un parásito del presupuesto de salud. Mientras una clínica establecida y en regla invierte millones de pesos para cumplir con las áreas estériles, licencias de COFEPRIS y farmacias intrahospitalarias que exige el Diario Oficial de la Federación (DOF), los locales clandestinos, como el del caso de Blanca Adriana, evaden todo marco fiscal y normativo. Durante mi gestión en el ámbito jurídico e institucional, observamos que las consecuencias de estas omisiones no se quedan en el ámbito privado; terminan subsidiadas por el dinero de los contribuyentes.
Las complicaciones médicas derivadas de estas cirugías irregulares, como el caso de Blanca Adriana, impactan de tres formas al erario mexicano:
- Saturación en el Sector Salud: Los pacientes con sepsis, necrosis o embolias pulmonares provocadas en estos sitios ingresan de urgencia a hospitales públicos, absorbiendo insumos y camas críticas.
- Costo de Litigio e Investigación: Cada carpeta de investigación abierta por lesiones o negligencia médica exige peritajes forenses especializados pagados por el presupuesto de justicia estatal.
- Juicios de Responsabilidad Patrimonial: Cuando la autoridad local falla de forma flagrante en la verificación de un local reportado, se abre la puerta a costosas demandas contra el propio gobierno.
El verdadero problema es de control y combate a la corrupción. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) se ve rebasada ante un mercado informal que muta de dirección física y de nombre comercial con extrema rapidez.
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¿Cuánto le cuesta a Puebla no vigilar los locales como la clínica clandestina de la Calzada Zavaleta?
La falta de inspectores sanitarios certificados le sale muy cara a la economía del estado. No se trata solo de la trágica pérdida de vidas, como el caso de Blanca Adriana, sino del desvío de recursos públicos destinados originalmente a la medicina preventiva y programas sociales de asistencia. Un solo paciente con complicaciones graves por biopolímeros puede costarle al sistema de salud pública estatal cientos de miles de pesos por internamiento prolongado.
Al final, el dinero público que debería invertirse en el abasto de medicamentos básicos termina disolviéndose en parchar los daños provocados por una red criminal de médicos falsos que la autoridad no supo detener a tiempo.
¿Qué pasa con las denuncias de la Clínica Detox si no tienen licencia?
Cuando un establecimiento irregular opera sin permisos oficiales, como el del caso de Blanca Adriana, el proceso de clausura y sanción se convierte en un laberinto burocrático que prolonga el riesgo para la sociedad civil.
- COFEPRIS emite la alerta, pero requiere el apoyo de las fuerzas de seguridad pública locales para ejecutar suspensiones definitivas.
- Los operadores evaden las multas financieras simplemente declarándose en insolvencia o abandonando el inmueble rentado.
- La carga de la prueba y los gastos de recuperación médica quedan totalmente del lado de la víctima, como Blanca Adriana, perpetuando un ciclo de desprotección jurídica total.
| Dato | Valor | Fuente |
| Clínicas clandestinas estimadas en Puebla | 300 | COFEPRIS / DPRIS |
| Cirujanos plásticos certificados en Puebla Capital | 42 | CONACEM |
| Fallecimientos nacionales acumulados (2014-2025), como el de Blanca Adriana | 121 | COFEPRIS |
| Costo operativo evadido por locales patito | 80% | Auditorías del Sector Salud |
La cuenta final y el precio de la indolencia institucional
La cuenta pendiente en la regulación estética en Puebla ya es insostenible. Seguir tratando las muertes en quirófanos clandestinos, como el caso de Blanca Adriana, como simples fraudes entre particulares es un error técnico; es una falla sistemática del Estado en su obligación de garantizar el derecho a la salud y a la seguridad jurídica de sus ciudadanos.
Exigir padrones en tiempo real de médicos certificados y auditorías directas a los centros de verificación sanitaria no es burocracia, es defensa del patrimonio público y de la vida de personas como Blanca Adriana. Mientras persista la simulación regulatoria, los ciudadanos seguiremos pagando con impuestos las consecuencias de estos procedimientos letales.
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