SCJN resuelve 18% menos casos; empresarios ven riesgo

¿Puede llamarse contrapeso a un poder judicial que resuelve menos casos y ni siquiera logra definir quién lo preside? Esa es la pregunta que empresarios y analistas se hacen a un año de la reforma judicial, después de que un análisis de Integralia reveló que la nueva Suprema Corte resolvió 18% menos asuntos que la anterior, mientras miles de millones de dólares en inversión siguen congelados por la falta de certeza jurídica

En un vistazo

• Resolvió la nueva Corte 2,355 casos entre septiembre de 2025 y julio de 2026, frente a los 2,860 que atendió el tribunal anterior en un periodo similar, según el análisis basado en datos de Integralia.
• Existe una disputa constitucional sin resolver sobre la presidencia del tribunal, entre las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa, porque dos artículos de la reforma se contradicen sobre si el cargo dura dos o cuatro años.
• Advirtieron más de 200 líderes empresariales, reunidos por Coparmex en mayo de 2026, que “miles de millones de dólares” en inversión siguen congelados por la falta de certeza jurídica tras la reforma judicial.

La caída en productividad de la Corte no es un dato aislado de tribunales: para quien invierte o hace negocios en México, un poder judicial más lento y con reglas internas sin resolver se traduce en algo muy concreto: contratos, litigios y proyectos de inversión que tardan más en tener una resolución final, o que de plano se posponen mientras el panorama se aclara. “Las salas eran los dos grandes motores de la Corte… discutir todo en el Pleno ha demostrado que es mucho más difícil”, explicó el académico de la UNAM Javier Martínez Reyes, en referencia a la eliminación de las Salas dentro de la reforma.

Detrás de la caída de productividad, la disputa por el poder

La baja de 18% esconde, según analistas, una disputa de fondo por el control interno del tribunal tras la eliminación de las Salas, que antes permitían resolver asuntos en paralelo y ahora obligan a discutir todo en el Pleno con los nueve ministros. A esto se suma la pugna entre Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa por la presidencia: el artículo 94 constitucional establece un periodo de dos años definido por votación popular, lo que favorecería a Batres, mientras el artículo 97 marca cuatro años por elección interna entre ministros, lo que favorecería a Esquivel. Hugo Aguilar Ortiz, presidente en funciones desde septiembre de 2025, ha reconocido públicamente tensiones internas de cara a su eventual relevo. Fuentes cercanas al Poder Judicial reconocen que la falta de consenso interno ha retrasado decisiones administrativas más allá de los propios expedientes judiciales.

¿Cómo se traduce esta parálisis en menos inversión?

De forma directa, según quienes toman esas decisiones de inversión. En mayo de 2026, más de 200 líderes empresariales convocados por Coparmex advirtieron que “miles de millones de dólares” en inversiones siguen congelados desde la aprobación de la reforma judicial. El expresidente Javier Laynez Potisek, exministro de la Corte, fue más específico: señaló retrocesos concretos para desalentar la inversión, como una UIF capaz de bloquear cuentas sin control judicial previo. La inversión física federal cayó de 1.25 billones de pesos en 2012 a 755,000 millones de pesos en 2025, con una contracción adicional de alrededor de 7% ese mismo año, según analistas de banca y consultoría citados en reportes especializados. La economista Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF, lo resumió así: la reforma judicial “genera incertidumbre porque no garantiza el Estado de derecho”, un factor que economistas de BBVA y Citi vinculan directamente con el crecimiento débil que proyectan para México en 2026, de entre 1.1% y 1.5%.

La Corte y su costo económico, en cifras

¿Y la reinversión de las empresas que ya operan en México?

Ese es el otro lado, menos visible, del mismo problema. No solo se trata de capital nuevo que decide no llegar: empresas ya establecidas en el país reconsideran cuánto de sus ganancias reinvierten localmente cuando no tienen certeza de que un litigio, una concesión o una disputa regulatoria se resolverá con reglas claras y en tiempos razonables. El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, lo planteó sin rodeos: hoy hay inversiones detenidas “por insuficiencia energética, obstáculos regulatorios y falta de condiciones para operar con estabilidad”, una combinación en la que un poder judicial más lento y con su propia sucesión sin resolver no ayuda a despejar dudas, sino a sumarlas.

Cuánto del rezago de la Corte se explica por el diseño de la reforma, y cuánto por la pugna interna entre sus propios integrantes, es una pregunta que ni el propio Poder Judicial ha logrado responder con claridad, y esa ambigüedad es, en sí misma, parte del costo que hoy pagan quienes necesitan previsibilidad para invertir en México.

Para empresas e inversionistas que dependen de litigios, concesiones o certeza regulatoria, la recomendación práctica es monitorear de cerca cómo se resuelve la disputa por la presidencia del tribunal en los próximos meses: mientras esa definición constitucional siga pendiente, será difícil que la productividad de la Corte —y la confianza que de ella depende— se recupere.

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