Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad multiplica la cifra conocida de contratos públicos con una empresa que EU ligó al Cártel de Sinaloa. La distancia entre lo que reconstruyó la organización y lo que muestra la plataforma de transparencia también es un pendiente.
Resumen en cifras
- Más de 200 millones de pesos pagó la Fiscalía General del Estado de Baja California a Inteliproof Efficient entre 2022 y 2025, según MCCI.
- 73.2 millones de pesos en 33 contratos es lo que aparece en la plataforma de transparencia; 19 de esos contratos fueron por adjudicación directa.
- 8.1 millones de un contrato de 2024 para uniformes tácticos salieron de un fondo federal de seguridad (FASP).
- 16.5 millones más pagó a la misma empresa el gobierno estatal de Marina del Pilar Ávila.
Lo que debería verse
Cuando una fiscalía compra uniformes, computadoras o software, el contrato debe quedar publicado y ser consultable. Es una obligación de transparencia, y también la única forma de que la ciudadanía sepa a quién le paga la institución encargada de investigar delitos.
El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EU (OFAC) sancionó a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con la red de lavado de “La Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa. Entre ellas está Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., fundada en Tijuana en octubre de 2020. Entre las personas sancionadas están Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, ligados a la empresa según MCCI. El 6 de octubre las sanciones se publicaron en el Federal Register, lo que las formaliza en territorio estadounidense.
Lo que efectivamente ocurrió
En una publicación previa, se reportó que la Fiscalía de Baja California había contratado 75.5 millones de pesos en 36 contratos con empresas sancionadas, dentro de un total de 108.4 millones con distintas dependencias entre 2020 y 2025. Esa cifra se quedó corta.
MCCI reconstruyó los pagos año por año: en 2022, 15 contratos por más de 49 millones; en 2023, 10 contratos por más de 101 millones y otros 11 por 10.6 millones; en 2024, 6 contratos por más de 17 millones; en 2025, 8 contratos por más de 33.2 millones. La suma rebasa los 200 millones. Zeta, por su parte, contabiliza 139 millones entre dos empresas sancionadas.
La Fiscalía compró mantenimiento de edificios, mobiliario, computadoras, uniformes tácticos, equipo y software de reconocimiento facial. Los contratos se firmaron con dos titulares distintos: Iván Carpio Sánchez, de enero de 2022 a agosto de 2023, y María Elena Andrade Ramírez, desde agosto de 2023. Además de la Fiscalía, contrataron a Inteliproof el gobierno estatal (16.5 millones) y los ayuntamientos de Tijuana, Rosarito y Tecate.
Tres cifras para la misma empresa
- Plataforma de transparencia: 73.2 mdp en 33 contratos.
- Zeta Tijuana: 139 mdp entre dos empresas sancionadas.
- MCCI: más de 200 mdp de la Fiscalía entre 2022 y 2025.
Las tres no miden lo mismo y no deben sumarse. Lo que sí muestran es que la información pública oficial no alcanza para saber cuánto se pagó.
A quién afecta la brecha
Ninguna fuente afirma que los contratos fueran ilegales al firmarse. La sanción de la OFAC es del 29 de septiembre de 2026, posterior a todos ellos, y es una medida administrativa de EU, no una sentencia. Lo que sí está en juego son dos obligaciones que no dependen de Washington.
La primera es saber a quién se le compra. Que una empresa creada en 2020 haya acumulado cientos de millones en contratos de seguridad, muchos por adjudicación directa, es justo el patrón que los controles de debida diligencia deberían detectar. La segunda es la transparencia: si la plataforma oficial muestra 73.2 millones y una organización civil documenta más de 200, la diferencia la paga la ciudadanía en confianza. Y es más grave tratándose de la institución que procura justicia.
El gobierno estatal reconoció los contratos el 1 de octubre y la gobernadora ordenó una revisión al día siguiente. Al cierre de esta nota no hay resultados públicos, ni respuesta de la Fiscalía a la investigación de MCCI. Sonora, cuya Secretaría de Salud compró 8.77 millones de pesos en pruebas Covid a otra empresa sancionada en 2020, tampoco ha respondido.
El caso se suma a una línea de seguimiento en este portal sobre Baja California y la lista de personas bloqueadas: Marina del Pilar es respaldada por Sheinbaum y Harfuch: no hay delitos y Personas Bloqueadas: hoy la UIF omite nombre de Rocha Moya.
¿Qué es Inteliproof Efficient?
Una empresa fundada en Tijuana en 2020 que la OFAC sancionó el 29 de septiembre de 2026 por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
¿Cuánto le pagó la Fiscalía de Baja California?
Más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025, según MCCI. La plataforma de transparencia muestra 73.2 millones en 33 contratos.
¿Los contratos eran ilegales?
No hay una determinación en ese sentido. Se firmaron antes de la sanción de la OFAC, que es una medida administrativa de EU.
¿Qué compró la Fiscalía?
Mantenimiento, mobiliario, computadoras, uniformes tácticos, equipo y software de reconocimiento facial.
¿Qué sigue?
La revisión ordenada por la gobernadora el 2 de octubre, que no tiene plazo público.
Actualizado: 7 de octubre de 2026 · Datos al corte: investigación de MCCI (1 oct.), y publicación de las sanciones en el Federal Register (6 oct.) · Lo próximo: resultado de la revisión ordenada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila el 2 de octubre; sin plazo público.