Baja California y Sonora pagaron 108 MDP a empresas que EU vincula con el CS

La mayor parte salió de la Fiscalía de Baja California, casi siempre por adjudicación directa. El gobierno estatal ya reconoció los contratos y ordenó revisarlos; la pregunta pendiente es cómo pasaron los filtros.

De un vistazo rápido

• El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU sancionó a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con “La Mayiza”, facción del Cártel de Sinaloa.
• Según El Universal, algunas de esas empresas cobraron 108.4 millones de pesos en contratos públicos entre 2020 y 2025.
• La Fiscalía de Baja California concentra 75.5 millones en 36 contratos, en su mayoría por adjudicación directa.
• La gobernadora Marina del Pilar Ávila ordenó el 2 de octubre revisar los contratos y vetar a proveedores señalados.

Entre los sancionados por el Tesoro estadounidense el 29 de septiembre aparecen Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y su hermano Luis Alfonso; Pedro Ariel Mendivil García, exjefe de seguridad de Mexicali, y Juan José Ponce Félix, “El Ruso”. Washington acusa a Carlos Torres de recibir pagos mensuales a cambio de permitir que el cártel operara con “relativa impunidad” en el estado. Él lo niega: “si hay una investigación, que se investigue; si hay pruebas, que se presenten”.

La sanción de la OFAC es una medida administrativa del gobierno de EU. Congela bienes en ese país y prohíbe a sus ciudadanos y empresas hacer negocios con los señalados. No es una sentencia penal, y en México ninguno de ellos ha sido acusado formalmente por estos hechos. Lo que sí ocurrió del lado mexicano fue un movimiento financiero: la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Carlos Torres el mismo 29 de septiembre.

Quién contrató y qué compró

La investigación de El Universal sigue el dinero público. Cinco de las empresas sancionadas, todas con el mismo representante, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, también sancionado, tuvieron contratos con gobiernos estatales y municipales:

• Fiscalía General del Estado de Baja California: 36 contratos por 75.5 millones de pesos, casi todos con Inteliproof Efficient y por adjudicación directa.
• Oficialía Mayor de Baja California: 6 contratos por 8.4 millones.
• Ayuntamientos de Playas de Rosarito y Tecate: alrededor de 7.8 y 7.9 millones, respectivamente.
• Servicios de Salud de Sonora: 8.77 millones de pesos a Holistic Wellwaves por 18 mil pruebas rápidas de Covid-19, el 13 de agosto de 2020, a 420 pesos cada una más IVA.

Entre lo que compraron las dependencias de Baja California hay drones, chalecos balísticos, software de reconocimiento facial, patrullas y uniformes; las réplicas de la investigación no desglosan qué adquirió cada una.

El contrato de Sonora se firmó durante el gobierno de Claudia Pavlovich, no en la administración actual de Alfonso Durazo. Se adjudicó directamente, con la excepción que la ley permite en emergencias sanitarias.

Hay una diferencia entre fuentes que vale señalar. Proceso, citado por el Diario de Yucatán, documenta tres contratos de la Oficialía Mayor con Inteliproof en 2024 por 3.04 millones de pesos más IVA. El Universal reporta seis contratos de esa misma dependencia por 8.4 millones. No pudimos establecer si la diferencia se debe a que una cifra incluye a varias empresas o a periodos distintos.

Lo que reconoció el gobierno y lo que falta explicar

El 1 de octubre, el oficial mayor David Ramsés Cervantes Aguilar admitió que existen “diversas contrataciones formalizadas” con personas incluidas en la lista de la OFAC y entregó la documentación a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado. Un día después, Marina del Pilar instruyó revisar todos los contratos, identificar riesgos operativos o patrimoniales y prohibir que personas o empresas señaladas participen como proveedores.

Es un paso, pero deja preguntas abiertas que tocan el bolsillo de los contribuyentes. La primera es cómo una sola empresa acumuló decenas de contratos por adjudicación directa en la institución encargada de investigar delitos, sin licitación que obligara a revisar su origen. La segunda es si los equipos comprados se entregaron completos y a precio de mercado. La tercera es qué pasará con los contratos vigentes: rescindirlos puede generar penalizaciones; mantenerlos expone al estado a tratar con empresas que el sistema financiero de EU ya bloqueó.

No es la primera vez que la gobernadora enfrenta señalamientos ligados a seguridad; en julio, Sheinbaum y García Harfuch la respaldaron públicamente ante otras acusaciones. Y el uso de listas de bloqueo como herramienta financiera tampoco es nuevo, como se vio con la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF en el caso Rocha Moya.

La rendición de cuentas aquí tiene un componente concreto: publicar la lista completa de contratos, montos y entregables, y el resultado de la revisión anticorrupción, con fecha.

Dinero público a empresas sancionadas

• Total reportado: 108.4 millones de pesos (2020-2025)
• Fiscalía de BC: 75.5 millones en 36 contratos
• Oficialía Mayor de BC: 8.4 millones en 6 contratos
• Rosarito y Tecate: ~15.7 millones
• Salud de Sonora: 8.77 millones (2020)

La revisión ya está ordenada; falta que sus resultados se hagan públicos.

Actualizado: 3 oct. 2026 · Datos al corte: sanciones del Departamento del Tesoro de EU (29 sept.), reconocimiento de la Oficialía Mayor de Baja California (1 oct.), orden de revisión de la gobernadora e investigación de El Universal (2 oct.) · Lo próximo: el resultado de la revisión turnada a la Secretaría Anticorrupción del estado y cualquier respuesta oficial del gobierno de Sonora.