La cuenta que el INE todavía no rinde

Hay cinco funcionarios con procedimiento por faltas graves y una auditoría sobre 8,870 millones de pesos. Lo que falta saber es quiénes son, cuánto se perdió y quién va a responder.

• El Órgano Interno de Control del INE tiene 18 expedientes abiertos y ya imputó faltas graves a cinco funcionarios.
• La ASF revisa 8,870 millones de pesos en operaciones de dos grupos de proveedores con el INE, institutos locales y otras dependencias.
• No se conocen los nombres, los cargos ni el daño económico; esa información es la deuda pendiente con la ciudadanía.

Un organismo que organiza elecciones vive de la confianza. Por eso la ley le exige algo más que contar votos: le exige cuentas claras sobre cada peso que gasta en boletas, urnas, chalecos y mamparas. Esa obligación no es un gesto de buena voluntad. Está en el marco de responsabilidades que rige a cualquier servidor público y en el control interno que la Constitución le asignó al propio instituto.

El jueves 30 de octubre, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, compareció ante diputados y dio la primera cifra oficial del tamaño del problema. Hay 18 expedientes por presuntos actos de corrupción. Trece siguen en investigación; en cinco ya se imputaron faltas administrativas graves a igual número de servidores públicos, que recibieron el citatorio para su audiencia inicial. El área de investigación, además, recibió 25 vistas por conductas que van del conflicto de interés y la simulación de requisitos en contrataciones al abuso de funciones, el daño patrimonial y el desvío de recursos.

Ese mismo día, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, informó que la ASF abrió una investigación de oficio. Sus primeros hallazgos describen a dos grupos empresariales con operaciones por 8,870.3 millones de pesos con entes públicos entre 2014 y 2026, de los cuales 3,790.3 millones fueron con institutos electorales de los estados. Encontró subcontratación entre empresas del mismo grupo, compañías que facturan cientos de millones con menos de cinco trabajadores y operaciones por 21.3 millones con empresas que timbraban facturas para factureras.

Lo que la ley obliga y lo que todavía no vemos

La Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara en un punto: cuando una falta es grave, quien la investiga no es quien la juzga. El OIC investiga y conduce el procedimiento, pero la resolución corresponde al tribunal competente. Las sanciones posibles son la suspensión, la destitución, una sanción económica y la inhabilitación, que puede llegar a 20 años si el daño es alto.

Hasta aquí, el procedimiento camina. La cuenta pendiente está en lo que no se ha dicho.

No se conocen los nombres ni los cargos de los cinco imputados. Reservarlos mientras dura el procedimiento protege el debido proceso, y eso es correcto. Pero tampoco se ha informado en qué áreas trabajaban, qué contratos están en juego ni cuánto dinero se habría perdido. Sin esos datos, la ciudadanía no puede medir si la respuesta es proporcional al daño.

Tampoco está claro qué relación guardan estos cinco casos con las renuncias del 27 de octubre (la Unidad de Servicios de Informática, la Unidad de Igualdad de Género y la Dirección de Recursos Materiales) ni con las remociones que el INE anunció el 24 de octubre sin dar nombres. Son tres movimientos distintos que la opinión pública tiende a leer como uno solo.

Y en la vía penal, lo que hay son peticiones, no acusaciones. El PAN presentó el 27 de octubre una denuncia de hechos ante la FGR contra quien resulte responsable. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar pidió que la fiscalía investigue de oficio y asegure cuentas de los proveedores. La FGR no ha informado si abrió una carpeta.

A quién le cuesta la opacidad

El costo de esta brecha no recae sólo en el instituto. Lo pagan los contribuyentes que financian cada proceso electoral y los institutos locales con presupuestos más chicos, que, de acuerdo con la ASF, concentraron más de 3,700 millones en estas operaciones. Lo pagan también las y los trabajadores del INE que no tienen nada que ver con estos contratos y que hoy cargan con la sospecha generalizada.

Hay un riesgo más. Cuando los procedimientos se conocen a cuentagotas, el espacio vacío lo ocupan los audios filtrados, los videos y las acusaciones políticas cruzadas. La exigencia de cárcel inmediata y la defensa a ultranza llegan antes que la evidencia. Ninguna de las dos sirve a la rendición de cuentas.

El propio OIC dijo que ocho de los asuntos ya estaban identificados por su área de auditoría antes del escándalo. Si es así, la pregunta obligada es por qué tuvieron que pasar una renuncia, filtraciones y una comparecencia para que se supiera.

Lo que hay y lo que falta 18 expedientes, 5 imputaciones, 0 nombres y 0 montos públicos. El procedimiento existe; la información que permitiría evaluarlo, todavía no.

Este caso no empezó con una renuncia. Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera a siete proveedoras de material electoral ya mostraban un patrón de concentración y triangulación, como se explicó en Urnas, cuentas congeladas y un chofer. Y el patrón de gasto público sin explicación suficiente tampoco es exclusivo del INE, como mostró Licencias médicas: un gasto de 2,000 mdp.

La cuenta pendiente, entonces, tiene tres renglones: quiénes, cuánto y cuándo. Mientras no se respondan, el procedimiento existe, pero la rendición de cuentas sigue en deuda.

Actualizado: 31 de octubre de 2026, 13:30 h. – Datos al corte: comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE ante comisiones de la Cámara de Diputados (30 oct.); informe de la ASF en el pleno de Diputados (30 oct.); denuncia del PAN ante la FGR (27 oct.); renuncias anunciadas por el INE (27 oct.); Ley General de Responsabilidades Administrativas, texto vigente en el portal de la Cámara de Diputados. – Lo próximo: las audiencias iniciales de los cinco funcionarios imputados y el envío de sus expedientes al tribunal; los resultados de la investigación de oficio de la ASF.